Luego de la iniciativa presentada el pasado 24 de febrero por el Grupo Parlamentario del PRI, en voz de la Diputada Ely Sallard, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Congreso del Estado de Sonora aprobó de forma unánime reformar el artículo 24 del código de familia. Tras esta reforma se permite a las mujeres contraer nuevo matrimonio sin que tengan que transcurrir trescientos días de disuelto el anterior.
“Es una norma totalmente discriminatoria de género, pero además vulnera el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que no debe condicionar a la mujer a esperar 300 días o a someterse a una prueba de embarazo, para poder contraer nuevamente matrimonio”, enfatizó la diputada Ely Sallard.
Lee también: En el Registro Civil de SLRC hay pocas solicitudes de matrimonio igualitario
Destacó que hasta hoy, la legislación limita los derechos con la finalidad de saber con certeza si el hijo es de la pareja anterior o de otra persona. Esta disposición quedó fuera de la realidad jurídica actual, en vista de que vulnera los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, así como a la dignidad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad; lo que constituye una restricción indebida ya que el estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas.
Además, la norma resulta violatoria de tratados internacionales de los que México forma parte. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala que asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, de el mismo derecho para contraer matrimonio y los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución.
Sallard Hernández agradeció a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conformada por la Diputada Diana Karina Barreras, María Jesús Castro, Beatriz Cota Ponce, María Alicia Gaytán, Ernesto Roger Munro, Ivana Celeste Taddei, y Rosa Elena Trujillo, y recalcó la importancia de atender la agenda de igualdad con el fin de adaptar la constitución para condiciones justas de acuerdo a la realidad jurídica actual.