Con el voto en contra del morenista Víctor Navarro, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC) de la XXIII Legislatura del estado, aprobó por tercera ocasión los llamados matrimonios igualitarios, pero en esta ocasión se votaron por separados las reformas a la Constitución local, y el Código Civil del estado.
RECIBE NOTICIAS DIARIAS EN TU CELULAR, ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM AQUÍ
Los dictámenes deberán ser presentados ante el pleno para su análisis, discusión y aprobación en su caso.
Ya en dos ocasiones anteriores, el Congreso local no ha logrado la mayoría calificada -que es de 17 de 25 votos posibles-, para reformar el Artículo 7 de la Constitución local que establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.
La última ocasión en la que se votó la iniciativa, solo se quedó a un voto de conseguirlo.
En esta ocasión, la iniciativa de reforma fue presentada por 12 diputados pertenecientes a diversas fracciones parlamentarias, incluso, en aquella ocasión, el diputado morenista y presidente de la CGLPC, propuso que la aprobación fuera por mayoría, es decir, 13 votos.
A propuesta de Molina García, la Cglpc aprobó que este proyecto de dictamen que contenía las reformas a ambos ordenamientos legales de manera conjunta, se dividieran en dos dictámenes y se votaran por separado.
Uno de los dictámenes modifica la Constitución local y el otro al Código Civil del estado, los cuales fueron avalados por los integrantes presentes de la Comisión, por 5 votos a favor y uno en contra del diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.
Los inicialistas insistieron en la necesidad de actualizar ambos ordenamientos legales, de acuerdo a la nueva realidad que se vive en la sociedad bajacaliforniana, reconociendo al matrimonio como una institución que puede darse entre hombre-mujer, hombre- hombre y mujer-mujer.
Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos establecidos en el artículo primero de la Carta Magna de México, y que está en consonancia con los criterios dictados en el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.