Alejandra López Noriega, diputada del Congreso del Estado de Sonora, presentó una iniciativa que busca imponer castigos más severos para quienes cometan el delito de violación, incluyendo la castración química.
El proyecto propone modificar varios artículos del Código Penal del Estado con el fin de garantizar que los agresores sexuales, incluso después de cumplir su condena en prisión, no reincidan.
La iniciativa plantea la aplicación de la castración química, un tratamiento destinado a inhibir el deseo sexual, por el mismo tiempo que dure la condena de cárcel, pero comenzando cuando el agresor sea liberado.
Para llevar a cabo este procedimiento, se utilizarían métodos médicos adecuados y respetuosos de la dignidad humana. López Noriega subrayó que los delitos sexuales no solo dejan secuelas físicas, sino que generan un daño emocional profundo y duradero en las víctimas.
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Además de la castración química, la propuesta endurece las penas para delitos como la violación, la violación equiparada y el abuso sexual, y elimina la prescripción de estos crímenes, brindando mayor protección a menores de 18 años.
Entre las penas sugeridas, el abuso sexual podría castigarse con entre 10 y 30 años de prisión, además de multas que van de 32 mil 571 a 54 mil 285 pesos. Si la víctima es menor de edad, la sanción subiría a entre 20 y 40 años de cárcel, con multas de 54 mil 285 a 108 mil 570 pesos. Si se emplea violencia física o psicológica, la pena máxima llegaría a 40 años de cárcel y una multa de hasta 217 mil 140 pesos.
En el caso de violación equiparada, las condenas oscilarían entre 30 y 50 años de prisión, con multas que podrían llegar a 325 mil 710 pesos. La castración química sería aplicada durante un periodo igual al de la condena de prisión, iniciando cuando el agresor recupere su libertad.
"Es momento de defender verdaderamente a las víctimas. Con frecuencia, el debate sobre justicia y reparación del daño se queda en palabras, revictimizando a quienes ya han sufrido suficiente", concluyó López Noriega. La propuesta ha sido turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su evaluación y debate.
