Argentina. Algunos hablan de cuadernos, pero la realidad es que hasta hoy la justicia argentina cuenta con fotocopias de anotaciones de un chofer que sacó a la luz lo que supuestamente serían sobornos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación de los gobiernos de Kirchner y Fernández, levantó una polvareda con los ocho cuadernos que marcan la vida política en este país, que se divide entre kirchnerismo y macrismo, que hoy atraviesa una emergencia económica y que tiene casi a las puertas unas elecciones presidenciales en 2019.
Mientras ciertos sectores periodísticos lo comparan con el caso Lava Jato en Brasil por las cantidades de dinero y los políticos involucrados, como diría el destacado periodista y escritor argentino Raúl Kollmann en uno de sus artículos para Página 12, en este caso, la sensación es que el objetivo es puramente político.
Hay muchas incongruencias en el caso que lleva hoy desde los tribunales de Comodoro y Claudio Bonadío, el cuestionado y conocido juez antiKirchner por todas las causas que tiene abierta contra Fernández, actual senadora por Unidad Ciudadana, quien viene denunciando hace dos años una persecución política sin precedentes contra ella y los funcionarios de su gestión.
¿Cómo comenzó todo?
La historia de los cuadernos estalló en agosto último cuando el reportero del diario La Nación, Diego Cabot, publicó cómo accedió a ellos de manos de Jorge Bacigalupo, un policía retirado que trabajó en una estación de taxis donde conoció a Centeno y que hoy, casualmente, es portero del edificio donde vive el periodista.
Asustado por un posible allanamiento de Bonadío, Centeno entregó a Bacigalupo un cajón con las anotaciones que -quien sabe por qué- escribió día tras día durante años sobre las presuntas rutas, montos que él más o menos calculaba de sobornos a empresarios en las obras públicas y los bolsos con dinero.
Cabot le entró curiosidad y abrió la caja que Bacigalupo le había entregado para que este las guardara, sin saber su contenido. Ahí vio las anotaciones originales de puño y letra de Centeno y decidió entonces emprender en enero pasado su investigación junto a otros dos colaboradores. Cuando Centeno fue en busca de sus cuadernos, el portero le contó que le había dado a guardar el contenido al periodista.
¨Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa¨, declaró después a La Nación el exchofer de Roberto Baratta, -número dos del exministro Julio De Vido, hoy encarcelado-, quien con sus anotaciones desató el escándalo de los sobornos en la obra pública, dando así una nueva versión porque en principio había dicho que tenía los originales.
Pero hay más incongruencias. La expareja del chofer, Hilda Horovitz, había declarado que su entonces marido escribió los cuadernos para en un futuro extorsionar a Baratta por si este lo despedía, pero fue ella quien los utilizó, mientras que el portero Bacigalupo aseguró que fue Centeno quien le dio los cuadernos a guardar.
Horovitz antes había denunciado a Baratta de tener una bóveda en la casa de sus padres a donde la justicia fue con toda la artillería para hacer un registro donde no encontraron nada.
Hoy hay unos cuantos empresarios involucrados y varios funcionarios detenidos, entre ellos el propio Baratta, y algunos intentan salvarse tras confesar y someterse a los beneficios de la ley del arrepentido, que en 2016, en el primer año de gestión de Mauricio Macri, se amplió a casos de corrupción y asociación ilícita.
Según los escritos del chofer, se movieron más de 160 millones de dólares en bolsos, cajas y reuniones. Entre los detenidos hay varios nombres y hasta el momento 17 de ellos se han acogido a la ley del arrepentido entre ellos el primo del presidente Macri, Angel Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa.
Calcaterra se presentó espontáneamente al juez, quedó imputado tras confesar que recibió pagos presionados por Baratta para financiar campañas electorales, fue aceptado por el juez como imputado colaborador y tiene una eximición de prisión que le asegura que no debería ser detenido hasta juicio.
También está Carlos Wagner, cuyo nombre ha salido en el caso de Lava Jato y en los Panamá Papers. Sostuvo que pagó coimas, firmó un acuerdo para declararse arrepentido y quedó en libertad. Hay otros poderosos empresarios también imputados.
Copias de las copias
Hoy no se sabe si verdaderamente Centeno quemó o no los cuadernos y hasta ahora en mano del poder judicial lo que hay son fotocopias que no se saben si fueron escritas hace 10 años atrás o hace seis meses, el relato de chofer y fotos de los domicilios a los que llevó a Baratta.
Además, un registro de entradas y salidas de la Quinta Olivos, residencia presidencial, y cuatro testimonios: los dos periodistas de La Nación, la expareja de Centeno y la del amigo del chofer, sostiene en una columna titulada Pesca, el periodista Raúl Kollmann de Página 12.
Sin cortapisas y cansado de la persecución contra los funcionarios kirchneristas, el exjefe de Gabinete de Cristina, Anibal Fernández, declaró recientemente en un programa que los cuadernos “son fotocopias de las fotocopias. Cuadernos no vio nadie. Con eso metieron presos a 13 personas. Han sido detenidos por algo que no tiene ni pie ni cabeza".
"No hay ninguna prueba. El código penal dice que tienen que ser graves, precisos, y concordantes. Díganme que tienen de esas características las fotocopias de unas fotocopias, dijo.
En declaraciones al portal El Intransigente, el abogado Andrés Gil Domínguez señala que, si los cuadernos cumplieron con el procedimiento judicial de no haber sufrido algún cambio o violación, se considera una “prueba válida” y es “indiciaria”, luego deberá sumarse con otras comprobaciones. “Después deberá ser reforzada con comprobaciones sobre lo que los cuadernos dicen, si la caligrafía es de la persona”, agrega.
La respuesta de Cristina Fernández
En medio de todo el escándalo, la figura principal que acapara titulares es la expresidenta Cristina Fernández, quien ha tenido que ir varias veces a declarar y como añadido fueron registradas tres de sus propiedades en busca de pruebas tras la autorización de Senado en un candente debate donde la propia exmandataria, en su condición de legisladora, participó.
Hay una manipulación descarada, humillante y grosera de hostigamiento permanente a mi persona, si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o que me calle la boca no lo haré, resaltó Cristina el 22 de agosto en la sesión donde se autorizó el registro a sus propiedades.
Sin mordazas, fustigó el actuar constante contra su persona y señaló que “ni en el 2001, ante el mayor escándalo de corrupción se allanó la vivienda de un senador. Solo se hizo una inspección al despacho”.
Tras apuntar que el país está ante un grave problema político, resaltó que “si algo faltaba para consagrar el uso del poder judicial como elemento de persecución política en Argentina, era esta causa” y reiteró que desde 2015 le han abierto seis, cuatro de ellas por asociación ilícita.
En varios de sus escritos, la exmandataria ha sido categórica al señalar que con este capítulo “se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del juez parcial o 'no Juez' que enseñaba Baigún: se trata del juez enemigo, actor principal del Lawfare”.
“Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI”, resaltó.
Irónica, Fernández remarca como hoy el juez Bonadío la cita a indagatoria acusándola de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. “Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa”, remarcó.
Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri, sostuvo en otro de sus varios comunicados.
Cristina ha salido al paso en varias ocasiones y en su discurso en el Senado el día de la sesión sobre los allanamientos a sus casas, también arremetió contra aquellos empresarios que ahora se someten a la ley del arrepentido.
“Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?”, refirió.
En los escritos presentados ante los tribunales de Comodoro Py la propia expresidenta ha reiterado varias veces que viene pidiendo una auditoria de toda la obra pública en todas las instancias judiciales y se lo han negado.
“Si creen que con los desafueros, con los Bonadio, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores y con aciertos, había mejorado la vida de los argentinos”, remarcó en su intervención en el Senado.
Los allanamientos a la exmandatria, algunos con tintes al mejor estilo de Hollywood, ya se realizaron. Cristina denunció varias irregularidades, que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de su casa en El Calafate, en la provincia de Entre Ríos, estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y de ella. El juez ordenó devolverlos después al considerar que son objetos personales. Los otros objetos secuestrados son analizados por la Justicia.
Mientras los medios siguen dando titulares a los empresarios citados e imputados, a la expresidenta la volvieron a citar para el 18 de septiembre, esta vez el juez Sebastián Casanello, imputada como coautora de lavado de dinero en la llamada "ruta del dinero K".
Todo esto transcurre en medio de una hecatombe económica por la disparada del dólar que trajo una megadevaluación del peso que se está sintiendo duro en el bolsillo de una Argentina donde se respira gran efervescencia social.
