México bajó cuatro posiciones en la medición internacional de Estado de Derecho, al pasar del lugar 88 (en la edición de 2016 del Índice de Estado de Derecho) al 92, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 25 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe; y en el puesto 34 de 36 países de ingreso medio alto.

En ese sentido, la especialista del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial –WJP–), Leslie Solís, destacó que las debilidades de México, que tienen las calificaciones “más bajas”: justicia penal y corrupción; sin embargo, también tiene fortalezas, las que tienen que ver con un “gobierno abierto”, pues hay leyes de acceso a la información.

El WJP mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de 110 mil encuestas en hogares y tres mil encuestas a expertos. Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho mide el desempeño de los países en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

World Justice Project es una organización independiente que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, generando información confiable y oportuna de cómo las personas perciben el estado de derecho en su vida cotidiana.

La especialista explicó que parten de una base de datos original, con información primaria, pues cada uno de los datos que se reportan viene de experiencia, percepciones e historias verdaderas.

 “La riqueza de contar con este reporte, que es como una boleta de calificaciones para los países, para que puedan ver cuáles son las áreas de oportunidad o cuales son a los que deben prestar más atención para poder avanzar en temas de justicia. Para el caso de México la Justicia Penal y la corrupción, son temas urgentes por resolver.

De acuerdo al reporte que será presentado hoy en Washington, Estados Unidos, los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113).

A nivel global, la mayoría de los países vieron un deterioro en sus puntuaciones desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho (en octubre de 2016) en temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, y justicia civil y penal.