Durante la pandemia, los grupos criminales en México expandieron sus operaciones aprovechando que las autoridades han estado atendiendo la crisis sanitaria, de acuerdo a un reporte elaborado por la organización estadounidense Crisis Group.
En algunas áreas, según el estudio, los grupos criminales están utilizando la pandemia para reforzar su control sobre el territorio ayudando, incluso, a la gente para ganar apoyo. “Cuando estos grupos se ven envueltos en batallas territoriales, la emergencia de salud los ha motivado en algunos casos a competir más ferozmente mientras las autoridades estatales se distraen con el desafío de la salud pública”, subraya el documento titulado Violencia a Prueba de Virus: Crimen y Covid-19 en México.
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Asimismo, destaca que al principio de la pandemia, hace casi un año, las interrupciones del comercio y las restricciones de movimiento obligaron a algunos grupos criminales a frenar las actividades ilícitas, pero la pausa no duró mucho ya que el intercambio de bienes ilícitos parece estar volviendo a la normalidad, mientras resurgen las actividades como las estafas y extorsiones.
“La nueva fuerza en el hampa mexicano, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, ha mostrado sus dientes durante la pandemia en luchas por el control de mercados ilícitos como el narcotráfico. También ha mostrado su poder paramilitar en los medios de comunicación; además, varios de los grupos criminales han afirmado ser un salvavidas para la población local, en gran parte en un intento por ampliar su base de apoyo”, afirma el estudio.
Más agresivas
Richard Atwood, Presidente Interino de Crisis Group, explicó que a partir de la pandemia, en México el crimen organizado se ha vuelto más local y al buscar el control total sobre el territorio, incluidas las personas y las instituciones estatales locales, ha incrementado el flujo constante de pagos de los sectores lícitos de la economía (extorsiones). La agricultura y la minería se han visto atrapadas en estos negocios, al igual que otras empresas, grandes y pequeñas.
“Las redes criminales se han vuelto más agresivas en la forma en que adquieren y afirman el control territorial; además, han diversificado sus fuentes de ingresos, yendo más allá de la dependencia del narcotráfico o la extorsión. Por ejemplo, el estado ha demostrado ser incapaz de frenar la corrupción oficial y la complicidad de las fuerzas de seguridad en actividades ilícitas, o de prevenir la erosión de su legitimidad en las áreas afectadas por el crimen, las cuales han sabido aprovecharlo para reforzar su presencia en zonas como el estado de Guerrero”, afirmó.
Destacó que en el centro de México, los grupos criminales se han enfocado en extraer pagos del sector agrícola, como las industrias de aguacate, limón y berries en Michoacán y Jalisco. La extorsión, que afecta a empresas de todos los tamaños, se ha convertido en un medio crucial para generar ingresos en áreas donde la protección estatal es inexistente o incompleta.
Según el Banco de México, una de cada catorce empresas en todo el país sufrió extorsiones en 2019, y la tasa aumentó a una de cada cinco en ciertas regiones.
El informe de Crisis Group, que incluyó más de 35 entrevistas personales y telefónicas con funcionarios gubernamentales, policías, expertos en seguridad, representantes de la sociedad civil y miembros anteriores o activos de grupos criminales, agrega que a pesar de que México rehuyó las cuarentenas impuestas en el resto de la región, el tráfico de estupefacientes se ha visto sacudido sobre todo en la interrupción de la producción en China de precursores para la producción de heroína, metanfetaminas y fentanilo.
Frente a los obstáculos al tráfico de drogas y la disminución de los ingresos por extorsión, -explica-los grupos criminales se adaptaron rápidamente. Su primer paso fue reducir los gastos y confiar más en los "ahorros". Además algunos grupos criminales mexicanos despidieron a sus miembros.
“Como en un negocio, cuando hay una crisis se recortan costos innecesarios. También comenzaron a limitar el apoyo económico a los familiares y abogados de los criminales encarcelados”, afirma.
Entre sus conclusiones, el informe destaca que la falta de restricciones en la pandemia por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo a un ritmo ininterrumpido de derramamiento de sangre y desplazamiento por la violencia del crimen organizado.
“Antes de que el COVID-19 se extendiera por México, estaba claro que el problema de los delitos violentos no tenía una solución rápida, pero ahora las condiciones son aún más duras, pues el Estado enfrenta grupos criminales revitalizados que se han adaptado a las restricciones de la pandemia, en medio de una de las recesiones económicas más agudas jamás registradas, con la probabilidad de que la pobreza, la necesidad y la desigualdad se profundicen aún más, llevando a nuevos reclutas a los brazos de organizaciones criminales”, concluye.
