La Policía Federal y las instancias de derechos humanos, como la Comisión Nacional del ramo “no somos instancias antagónicas”, afirmó el Comisionado Nacional de la PF, Manelich Castilla Craviotto, quien consideró que deben quedar atrás, “rebasados”, los tiempos en que había esa percepción.
En la presentación del Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, insistió “hay que evolucionar, no somos instancias antagónicas”, y se pronunció por que caminen “en un escenario donde no se nos vea como partes que se confrontan”.
“A nosotros nos corresponde caminar de la mano con las instancias de derechos humanos, todo aquello que abone a la imagen de las policías como primeros responsables de ejercer la calidad de garantes de los derechos humanos, lo vamos a aceptar”, expresó.
Castilla Craviotto destacó que el Protocolo de Actuación de la PF sobre el uso de la fuerza, es el primero presentado en su tipo y complementa el emitido anteriormente por la Secretaría de Seguridad, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza.
Indicó que su objeto es establecer los parámetros y condiciones mínimas, que permitan diferencias y definir el uso de las técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza, y atender a las circunstancias que se presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de aplicación de las mismas.
Aclaró que aceptar la recomendación anunciada ayer por la CNDH, compete al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y “dado el gran respeto que él ha señalado al respecto, no dudamos un segundo en que toda aquella recomendación que vaya dirigida a fortalecer los derechos humanos, las vamos a aceptar”.
Apuntó que el protocolo define los niveles de uso de la fuerza como Presencia Policial, Verbalización, Control de Contacto, Control Físico, Técnicas Defensivas menos letales y fuerza potencialmente letal; con estos se atiende la recomendación de la CNDH sobre el caso Nochixtlán.
Mencionó que el protocolo define que la o el integrante de la PF tiene derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y la sociedad en general, en virtud de las funciones que desempeña.
