El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, tras una consulta entre los 11 ministros, que el Alto Tribunal tiene la facultad para analizar y, en dado caso, echar abajo la reforma judicial.
Con ocho votos a favor, y tres en contra (de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz), el Pleno de la Corte, en consulta, avaló que el Alto Tribunal puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial.
Esto, luego de que jueces y magistrados impugnaran la aprobación de la reforma al acusar que atenta contra la independencia judicial y pidieran a la Corte que atrajera el asunto para discutirlo.
Con esta decisión, la Corte, en fecha aún por definir, podría echar abajo la reforma judicial, o en su caso, avalarla.
Además, será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación en lo que se resuelve el asunto en la Corte.
La resolución se dió en una sesión de poco menos de dos horas y media, en la que las y los 11 ministros del Alto Tribunal expresaron su punto de vista alrededor de las consultas abiertas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, en las que se discutía si la Corte tenía facultades para admitir las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial, y de qué forma abordarla.
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El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá fue el aprobado por el Pleno de la SCJN, mismo que propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema. Esto, luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros.
Ministras acusan un posible golpe de Estado por análisis de la reforma judicial
Luego de que la mayoría del Pleno había expresado su postura, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, advirtió que “es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?”, cuestionó a sus compañeros.
En el mismo sentido, contra el proyecto, la ministra Batres Guadarrama apuntó;
“Claramente el artículo 11, fracción XVII, de la LOPJF (Ley Orgánica del Poder Judicial) limita, sin lugar a duda, la competencia de este Pleno para resolver controversias al interior del PJF, pues las facultades previstas en los artículos constitucionales a los que se circunscribe no pueden ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del Estado, sino exclusivamente para el PJF”.
En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat advirtió que “este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado”.
Durante su análisis final respecto al tema, el ministro González Alcántara Carrancá le recordó a las miistras Esquivel, Ortíz Ahlf y Batres Guadarrama —que acusaban que la Corte estaba resolviendo con arbitrariedad—:
“Respecto de la arbitrariedad o el golpismo con el que supuestamente estaríamos resolviendo, simplemente me gustaría recordar que estamos todos nosotros, actuando con fundamento en una ley emitida por el propio congreso de La Unión, y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México, y además gozan, dentro de la constitución de una garantía de independencia y de autonomía”.
Alcántara recordó a personajes oficialistas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que en algún momento le pidieron a la Corte que revisara una modificación constitucional:
“Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento los acusó de golpistas, lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno que así ha logrado forjar consenso y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años”, señaló.
La sesión se vio envuelta en reproches sobre calificativos durante las participaciones, e incluso el ministro Laynez Potisek cuestionó a las ministras Ortíz, Batres y Esquivel si, en determinado caso de que el Legislativo aprobara una reforma para implementar prisión por abortar, también se apegarían a la postura de ni siquiera cuestionarlo:
“Me queda clarísima la posición de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, pues permitiría, lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo sea sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Yo me aparto totalmente de esa corriente”, indicó el ministro.
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La resolución fue aprobada por los ocho votos a favor de Juan Luis Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán.
En próximos días se sabrá a qué ministro se turna el proyecto sobre el análisis de la reforma judicial, y si en su caso, Piña concede una suspensión para que no se implementen estas modificaciones constitucionales hasta que la Corte resuelva el tema.
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