El Poder Judicial de la Federación, embajadores, empresarios y especialistas coincidieron en que la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) costó mucho debido a la gran cantidad de instituciones federales y locales que intervienen en el mismo como para tirarlo a la basura, pero reconocieron que su aplicación es difícil y, por ello, el Congreso debe iniciar una serie de ajustes en su marco legal.
A cinco meses de que entró en vigor el SNA, el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, portavoz del Poder Judicial en esta agenda, anunció que junto con el Comité de Participación Ciudadana del sistema, que preside Jacqueline Peschard, elaboró recomendaciones al Congreso para reformar el marco legal y frenar las irregularidades. El SNA está integrado por siete leyes y entró en vigor el 19 de julio de 2017.
“En la etapa de implementación se han encontrado una serie de inconsistencias que es necesario de corregir a fin de que con transparencia y claridad para que se puedan fincar las responsabilidades de aquellos que con sus conductas hayan generado actos de corrupción”, dijo Pérez Daza en el marco del Día Internacional de la Corrupción.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, exigió al gobierno federal y al Congreso de la Unión no cerrar la cortina de este periodo sin aprobar reformas que fortalezcan el sistema y el Estado de Derecho para castigar sin excepción a los funcionarios que cometan actos de corrupción.
Sobre este tema, Jacqueline Peschard consideró “fundamental que estén estas piezas del sistema, para que las leyes que ya han sido aprobadas, y las que faltan, puedan
efectivamente procesarse”. Peschard consideró que la falta de colaboración interinstitucional ha sido un obstáculo para avanzar en el combate a este mal y acusó a los gobernadores por tener “la tentación de capturar” la integración del sistema a nivel local.
