A más de quinientos años de la Conquista de México, el problema de tierras en las zonas indígenas del país continúa. Sin embargo, en el caso de Chiapas, donde toda una familia de desplazados tzotziles de Chenalhó murió el fin de semana pasado de hambre y de frío, hay confrontaciones y disputas constantes y más de dos mil expulsados, sin que se acepte la mediación de las autoridades.
Los conflictos por la tierra persisten y, como consecuencia, los pobladores han secuestrado lo mismo a funcionarios que buscaban desa-lojar carreteras bloqueadas, que a legisladores.
Las desalojos se han dado en los poblados de Ch’en Mut, Pom, Tzomolton, C’analumtic, Bejelton, Tulantic, Vololch’ojon, Cruz c’ac’ao nam y Cruz Ton. Y existen amenazas para desplazar a varios habitantes de Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum y Saclum.
PROPIEDAD DE LA TIERRA
Hay quienes han sugerido que, de la misma manera que se nombró un mediador durante el levantamiento zapatista, ahora se busque una persona proba y apartidista para solucionar el problema en los Altos de Chiapas, zona de eternos conflictos. En 1711, por ejemplo, estalló en el pueblo de San Pedro Chenalhó una sublevación indígena encabezada por Sebastián Gómez. Posteriormente, en 1869, los habitantes del municipio participaron activamente en la Guerra de Castas, encabezada por el líder chamula Pedro Díaz Cuscat.
Este municipio se ubica en una zona boscosa, plena de pinos, encinos, ciprés, romerillo, sabino y roble. Por sus cerros deambulan desde la nauyaca de frío y la culebra ocotera, hasta el jabalí y venado de campo, mientras en el aire sobrevuelan el gavilán golondrino, la ardilla voladora y el picamadero ocotero.
Hoy, el problema es con el municipio colindante: Chalchihuitán. Como su nombre lo indica es lugar de chalchihuites, similar a Chenalhó en cuanto a flora y fauna. Antes de la conquista era de la nación tzotzil, pero posteriormente fueron desplazados. Colinda con Simojovel, otra zona donde se desarrolló la guerra zapatista. La mayor parte de sus terrenos son comunales.
Esta nueva confrontación revienta 45 años después de que, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en 1974 la entonces Secretaría de la Reforma Agraria ejecutó una resolución presidencial y no respetaron los límites históricos establecidos por el río Mashilhó.
Son cerca de mil hectáreas en disputa, en donde radican tzotziles y tzeltales, así como “ladinos”, que históricamente han sido expulsados, sea por motivos de pertenencia religiosa (no es el caso), por razones políticas al militar en partidos distintos y desde luego las socio-económicas.
Ante tal situación fue interpuesta una demanda (en 2005) aún vigente. No se ha emitido la sentencia.
LOS ARGUMENTOS Y LOS CONFLICTOS
Explica María Eugenia Reyes Ramos, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en su trabajo “Conflictos y Violencia Agraria en Chiapas” (llevado a cabo a mediados de la primera década del siglo XXI) sobre el abandono de la mediación de las autoridades en la serie de conflictos que se presentan, “… ya sea porque ésta no ha dado respuestas a las problemáticas o porque el nivel de conflictividad y la falta de acuerdos y negociación hacen que los participantes del conflicto no visualicen formas de solución, más que la eliminación del adversario, incluso física, y por tanto han derivado en violencia agraria”.
La especialista menciona los conflictos agrarios que se han presentado en general en las zonas indígenas: invasiones, hostigamiento, amenazas, desalojos, enfrentamientos y asesinatos.
Hace notar que la conflictividad agraria en México puede ser dimensionada a partir de datos proporcionados por autoridades federales, quienes de acuerdo con estudios oficiales habían revelado (hasta la mitad de la primera década del actual siglo): “...La existencia de 36 municipios de alto riesgo, 10 regiones con problemas de ingobernabilidad y miles de disputas agrarias entre pueblos indios, producto de la marginación, dispersión poblacional y explotación de recursos naturales”.
Resalta que dicha conflictividad está generalmente protagonizada por los pueblos indígenas. Son conflictos “…que asumen una variada gama como las peleas intercomunitarias por límites territoriales, la disputa por la regularización de propiedades y los conflictos en torno a posesión de parcelas, por mencionar algunos. Los estados de la República en donde con mayor frecuencia se vive una conflictividad agraria son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Oaxaca”.
Explica también todo aquello que deriva en conflicto: posesión de parcelas, sucesión de derechos ejidales y comunales. También posesiones de solares, restitución de tierras, bosques y aguas. Y desde luego derechos de los núcleos de población ejidal, las disputas por límites con terrenos privados.
“Generalmente los primeros representan la mayoría de los conflictos que se viven y tiende a buscarse su solución por los canales institucionales. Los segundos, aunque en términos numéricos son menores y también buscan las instancias legales para su solución, en la medida que involucran a colectividades pudieran convertirse en focos de violencia cuando las respuestas institucionales han sido esperadas por años, cuando los fallos son contrarios a los grupos o cuando la complejidad jurídica de los casos los hace irresolubles”, especifica.
MILLONES DE INDÍGENAS
En 2013 de acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 se consideró que “… actualmente se identifican 445 conflictos agrarios y asuntos pendientes de solución. Estados como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz presentan mayor conflictividad”.
En dicho programa se puntualiza que “en materia de procuración de justicia para los sujetos agrarios, durante las últimas dos décadas se han privilegiado los procesos de conciliación a través de 550 mil acciones, 461 mil 540 gestiones administrativas, arbitraje y servicios periciales, y un millón 575 mil asuntos de asesoría y representación legal. No obstante los avances, aún existen 41 mil asuntos en trámite en los tribunales agrarios”.
El pasado 5 de diciembre, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Tribunal Unitario Agrario Distrito 03 y a la Procuraduría Agraria para que en el marco de sus atribuciones resuelvan conforma a Derecho el conflicto agrario entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. El exhorto abarca a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas.
En México, conforme a datos oficiales, se estima una población de 15.7 millones de indígenas. Existen 11.1 millones que viven en un hogar indígena, son ubicables geográficamente y son el entorno poblacional de las políticas públicas en materia indígena. De los 15.7 millones, 6.6 millones son hablantes de lengua indígena y 9.1 millones no hablan lengua indígena, mientras que 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas.
De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, más del 40% de sus habitantes es población indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades tienen menos de 100 habitantes.
La población indígena supera el millón de habitantes en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Por entidad federativa los mayores porcentajes de población indígena se ubican en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. En todas ellas la población indígena supera el 20% del total y en algún caso como el de Yucatán representa más de la mitad de la población del estado.
Hay que hacer notar que en el país existen 31 mil 893 núcleos agrarios, de los cuales restan por certificar mil 771 que presentan condiciones técnicas y jurídicas complejas. Al mes de agosto del 2013 se encontraban en regularización 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en dos mil 167 asentamientos humanos irregulares. Es de destacar que es en los municipios indígenas donde se concentran los conflictos agrarios más complejos que hay en el país.
