Con buenos ojos ve el abogado litigante Víctor Acosta Cid la nueva ley única de extinción de dominio, con la cual se busca dar al Estado más facultades para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades comprobadas como ilícitas.
El catedrático dijo que de aplicarse de manera correcta se estaría tratando de una ley necesaria en la búsqueda de una mayor justicia en el país, pues se trata de encausar y dar un mejor uso a bienes conseguidos mediante actos que infringen las leyes mexicanas.
Acosta Cid dijo que como tal es una ley que ya existía, sin embargo, ahora se extendió a más delitos como la delincuencia organizada, el secuestro, el robo de hidrocarburos, la trata de personas, los actos comprobados de corrupción, el encubrimiento, el robo de vehículo y la extorsión, así como los perpetrados por servidores públicos, entre otros.
SE APROBÓ POR MAYORÍA
La ley fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados ante el Pleno del Congreso federal con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones.
La extinción de dominio se define como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial, más conlleva una contraprestación ni compensación”, según define el documento presentado ante el Pleno.
Con esta ley nacional, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Es encausar los bienes conseguidos mediante actos que infringen las leyes mexicanas
Víctor Acosta Cid, abogado.
