Basados en lo que dicta la Constitución Política del Estado de Sonora, específicamente el artículo 27 donde se indica que no podrán reunirse los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en una sola persona o corporación, lo cual se entiende también en cuestión de recursos, el Congreso del Estado discute actualmente una reforma para independizar el presupuesto de egresos y gasto público en el poder judicial.

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Dicha propuesta, impulsada por la diputada del grupo parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, y remitida a su vez a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado local por el Distrito I, Jesús Alonso Montes Piña, quien solicitó a la Barra de Abogados y Abogadas de San Luis Río Colorado reflexionar dicha iniciativa para hacer los ajustes pertinentes y enviarla a dictamen.

Durante la reunión, Montes Piña, acompañado de Manuel Baldenebro, diputado federal por el Distrito I, subrayó que son 14 estados del país en donde el presupuesto es propio, entre ellos Baja California, además de que compartió lo asentado en un documento presentado en una asamblea legislativa, el cual indica que esta necesidad surge de la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el cual requiere de infraestructura, personal, bienes, servicios y capacitaciones, los cuales no han recibido una inversión eficaz.

En dicho documento se cita que “está considerada la generación de plazas de magistrados regionales, jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios (…) creación de juzgados laborales, adquisición de mobiliario, suministros”, entre otras necesidades más para la impartición de justicia en Sonora.