Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió públicamente que firmará un decreto presidencial de política carcelaria para buscar la liberación de presos que hayan sido torturados, adultos mayores de 75 años privados de la libertad y quienes padezcan enfermedades crónicas y sean mayores de 65 años, así como a quienes no hayan recibido sentencia en más de 10 años, los gobernadores electos y en curso de Morena se han sumado al tema.
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Sin embargo, para el abogado Víctor Acosta Cid, el tema es uno a estudiar a detalle, antes de ser promovido, ya que hay especificaciones en éste que no podrían aplicar a partir de un decreto pues ya existen en la ley.
El doctor en Derecho Procesal Penal dijo que, por ejemplo, ya existen consideraciones para los adultos mayores y las personas enfermas en las cárceles, por lo que habría que desmenuzar un poco más el decreto que se firmaría por el presidente y sería apoyado por los mandatarios estatales electos y en turno.
Además, el decreto buscaría liberar a los internos en las cárceles federales, del fuero federal, con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves, temas que también debería ser analizado.
“Realmente es muy poco el ciudadano que dura hasta diez años sin ser juzgado, es muy poco en todo México y, por ejemplo, aquí en San Luis Río Colorado no hay ninguno que sume tantos años sin ser sentenciado”.
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Ayer, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, publicó en sus redes sociales: Por razones humanitarias y de justicia social, las gobernadoras y gobernadores electos nos hemos sumado a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de firmar un decreto para liberar a presos que no hayan cometido delitos graves, hayan sido torturados, lleven 10 años encarcelados sin sentencia, tengan más de 75 años de edad o 65 años con enfermedades crónicas.
Hago un atento llamado a otros mandatarios electos y en funciones a sumarse a esta iniciativa.
Para el abogado Víctor Acosta Cid, el anunciado decreto debe estudiarse a detalle, antes de ser promovido, ya que hay especificaciones en éste que no podrían aplicar a partir de un decreto pues ya existen en la ley.