La violencia política son aquellas acciones u omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco de los derechos político-electorales que busquen menoscabar el goce de los mismos, y se trata de un delito relativamente nuevo.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Sergio Carmona Cruz, informó que la instancia en donde se deben presentar las denuncias será en el Instituto Estatal Electoral (IEE).
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“Ellos serían los encargados de trabajar con esas denuncias, ver el procedimiento y llegar a una resolución donde se resuelva si se acreditó o no, el cargo por el cual se fundó la denuncia”.
Expresó que, en el caso de San Luis, solamente hay un caso de violencia política, pero no procedió, por lo que fue desechada.
El protocolo
El protocolo surge de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales y responde al contexto de violencia ocurrido durante el periodo electoral de 2015.
Intenta construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales.
El protocolo busca identificar la violencia política contra las mujeres; Informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas, querellas y demandas; evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas; servir de guía para atender la violencia política en el nivel federal, estatal y municipal.
También, generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que los derechos político-electorales se vean afectados por la violencia.
Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Sin embargo, persisten cuestiones como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de estereotipos.
Dijo que la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.
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Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
Cabe señalar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco, esto, en el 2021.
