En caso de aprobarse el plan B que tiene el gobierno federal para las nuevas medidas contra el Instituto Nacional Electoral (INE), podría verse seriamente afectado el operar del organismo, incluso la organización de procesos electorales y consultas, ya sea por la falta de personal como de financiamiento.
El encargado de despacio de la vocalía ejecutiva Juan Carlos Pacheco, informó que, de darse la aprobación del llamado Plan B del gobierno federal de su propuesta de reforma electoral, dificultaría el trabajo del organismo.
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“Lo primero que se daría, es la desaparición de las juntas distritales, lo que ellos (el gobierno federal) quieren son juntas auxiliares, pero no son 300, el detalle es que esas juntas pretenden desaparecer el 85 por ciento del servicio profesional electoral”.
Agregó que se corre el riesgo la organización de las elecciones y de mecanismos de participación ciudadana, tales como la revocación de mandato y la consulta popular.
Comentó que desaparecerían los cinco vocales, y solamente quedarían solo, y esa persona se haría cargo de las tareas de los cinco vocales que estaban, pero se requiere que esas tareas las haga una persona especializada y técnica.
Indicó que, si una persona hace esas tareas, puede caer la calidad de la elección; se pretende que sea personal eventual quien opere en esas juntas distritales.
“Se pretende que se contrate personal cada proceso electoral, pero esas personas no tendrán los conocimientos básicos para atender esas tareas”.
Dijo que también, pretenden desparecer el Registro Federal de Electores, y quieren que el vocal operativo se haga caro de él; ahí no solamente son los trámites, sino la calidad de los mismos, estar al pendiente de la cartografía electoral y de la actualización al padrón.
“Eso que dicen que los muertos dejen de votar, eso no ocurre desde la creación del entonces IFE, porque tenemos una estrecha coordinación con el Registro Civil, para depurar el padrón cuando se presenten algún fallecimiento”.
Expresó que todo ese tipo de programas se van a quedar inconclusos sin alguien que le dé seguimiento; la cartografía electoral también se verá afectada.
Otros riesgos
Dijo que, además, podría aumentar la ausencia de funcionarios de casilla, imposibilitando el voto universal, libre y secreto.
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Aparte, puede existir la posibilidad de anular la elección si no se instala el 20 por ciento de las casillas, o se impugnan esa cantidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hasta el mes de mayo para rechazar esta propuesta, de lo contrario, va a pasar sin problemas.