Los funcionarios públicos municipales y estatales que hayan incurrido a una omisión de responsabilidad por la operación irregular del bar Beer House en San Luis Río Colorado, podrían estar descartados de recibir alguna sanción grave.
Y es que la omisión de inspecciones de seguridad en estos establecimientos son considerados ante la ley como delitos administrativos no graves, informó Mariano Katase Ruíz.
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El expresidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil explicó que a raíz del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, se habían hecho una serie de reformas para evitar y castigar fuertemente estas tragedias.
Entre las reformas que se impulsaron en aquel momento se encuentra la de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contemplaba en inhabilitación o destitución del cargo para los funcionarios que incumplían con su trabajo.
Sin embargo, en abril del 2022, los diputados del actual Congreso del Estado aprobaron una nueva ley, llamada de Responsabilidad y Sanciones, la cual indica que la omisión es ahora un delito administrativo no grave.
“De pasar a una falta donde una vez que se hace la investigación se procediera administrativamente a la inhabilitación o a la destitución del cargo, pues ahora no, ahora es nada más una falta administrativa que no es grave ante la instancia interna de la dependencia”, abundó.
El especialista mencionó además que las responsabilidades se fijarían una vez que termine el proceso de investigación por parte de la autoridad competente, es decir, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
En cuanto al dueño del establecimiento, comentó que se trata del primer responsable de la tragedia, pues es quien debe de cumplir con una serie de requisitos para brindar seguridad a los clientes.
Unas de las obligaciones es el cumplimiento del programa interno de protección civil, mismo que de acuerdo a la misma instancia estatal, el Beer House no contaba antes del incendio que arrebató la vida de 11 personas.
También debe de tener personal capacitado para atender un incidente en lo que llegan las instancias de emergencia; un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; medidas correctivas y de seguridad, entre otros puntos.
“El propietario, el administrador, las personas que se encargan de la operación y funcionamiento del inmueble, mientras en el contrato del arrendamiento no se subrogue la responsabilidad a uno u otra parte, ambos son responsables”.
Hasta el momento, las autoridades locales y estatales no han brindado detalles respecto al deslinde de responsabilidades, por lo que la propia FGJE será quien informe qué es lo que seguirá en este caso.
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Por su parte, Katase Ruíz señaló que Sonora no ha logrado pasar de una Protección Civil reactiva a una preventiva, es decir, que se realicen las labores correspondientes antes de que pase una tragedia como la de la Guardería ABC o en este caso, del bar en San Luis Río Colorado.
“Tengo que estarme esperando por un lado de que sucedan las tragedia para darme cuenta que esto no está funcionando, que por más buena fe que tenga yo como gobierno, como autoridad, el particular de primera instancia no cumple, porque no quiere gastar en equipamiento, en capacitación para los empleados, etcétera”.
