“Cuando llegaron por ella, mi niña estaba dormida en su cama. Ella se despertaba tardecito para ver la televisión, pero solo me exigieron que la entregara ya, que no había tiempo. La tuve que despertar, le di su bendición y la abracé un instante. Fue todo” narró entre lágrimas Miriam Ochoa, madre que hoy exige a las autoridades se esclarezca su caso tras haber tenido que entregar a la fuerza, con orden de restricción de por medio, a su hija de dos años el 13 de octubre a su ex pareja, un abogado de esta ciudad fronteriza.
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La mujer de 35 años, quien dio a conocer su historia a través de las redes sociales y medios locales, pide que se haga justicia ante un proceso legal que dio un giro inesperado al habérsele solicitado que diera la providencia cautelar a la persona que había demandado por agresiones hace dos años.
“Llevo más de dos meses sin ver ni saber nada de mi hija. Estoy desesperada”, dijo la entrevistada y agregó que el problema ya está en las manos de su abogado, quien explicó que el fallo del juez en su contra debió proceder con mayor investigación, así como una evaluación socioeconómica y psicológica de la hoy afectada, siendo ella misma quien argumentó en su defensa que sus otros tres hijos, de 6, 12 y 16 años han crecido como personas de bien, sin problemas ni sufrimiento por abusos, tal y como se le señala en este caso y por lo que el Juez de la Primera Instancia de lo Familiar dictó que no puede ver, hablar ni acercarse a su pequeña, quien poco pudo procesar el primer día en que fue entregada a su padre, según declaraciones.
PIDE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
En contexto, Miriam expuso que cuando empezaron los problemas con su ex pareja, éste le anunciaba que le iba a quitar a su hija y que nadie le iba a creer o hacer caso.
“`Es tu palabra contra la mía´, era lo que él me decía siempre. También, me gritaba `tú no eres nadie´, `yo vengo de familia influyente´ y siempre me amenazaba. La violencia creció cuando yo estaba embarazada, motivo por el que lo quise dejar”, compartió tras un lapso de frustración y llanto, para luego compartir que las pruebas en su contra fueron tomadas de manera ilegal ya que su ex pareja le había puesto un GPS y un micrófono en su automóvil, estrategia con la que fue grabada en un momento donde regaño a sus hijos con palabras altisonantes, lo que al parecer fue suficiente para la orden de restricción hacia su hija.
Ya que no ha habido juez que quiera atender su caso (tres, de hecho) su última esperanza es un Juez Civil que se vio interesado; sin embargo, debido a las fiestas decembrinas y al papeleo, podrían pasar hasta dos semanas más para iniciar el proceso legal y hasta dos meses más hasta obtener un avance, lo que se traduciría en casi cinco meses sin saber nada de su hija, con la preocupación de saber si estará bien o no, si es víctima de violencia o no, ante el antecedente.
“Actuara yo con golpes, fuera drogadicta, alcohólica o que hubiera otra razón, pero no la tienen. Nadie quiere ayudarme a enfrentar este problema de que me la hayan quitado sin justificación, saltándose pasos de la ley, así nomás porque sí”, asentó y dijo tener miedo de represalias en su contra, aunque hoy más que nunca se siente llena de valor para enfrentar la situación.
“Primero que nada, hago un llamado a la gobernadora, Claudia Pavlovich, para que voltee a ver mi caso y que se haga justicia; que se investigue mi proceso legal para que vea las irregularidades del juez que entregó a mi hija. Por favor, que alguien vea mi caso, porque se trata de una bebé a la que le hago falta y nos extraña. Ella no está acostumbrada a él y llegar hasta donde se tenga que llegar por mi hija”.
