Varios ejidos, por cuyas tierras atraviesa la carretera alterna la Golfo de Santa Clara, no han recibido el pago correspondiente desde el 2008, cuando todavía era gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, por lo que deben unirse para exigir que les paguen lo que les deben.

El abogado David Olimón Mendoza informó que, al ser terrenos ejidales, el gobierno del estado tiene que hacer el pago por el uso de sus terrenos para que la carretera transite.

“Esa carretera atraviesa muchos ejidos (Monumentos, San Luis, Islita, Lagunitas, etcétera) y hasta yo sé, no los han indemnizado”

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Agregó que es posible que el gobierno del estado no tenga los recursos para saldar esa deuda, o quizás, porque no quiere hacerlo.

Dijo que han pasado 15 años y los ejidatarios no quitan el dedo del renglón, y siguen con la exigencia de que el estado cumpla con su parte.

Externó que, si desean que les paguen, tiene que consensarlo entre ellos, pero, tiene el problema de que les dan “largas”, les extienden las pláticas; lo único que podría proceder en ese caso es un proceso judicial ante el Tribunal Agrario.

Comentó que, si se ponen de acuerdo, el gobierno del estado tiene que solicitar los recursos al Congreso, debido a que no los tiene consigo.

“Los tiene que aprobar el Congreso del Estado, o bien, tener algún tipo de ayuda del Congreso de la Unión”.

Expresó que es una obra de beneficio social, es un bien común, es un trabajo que ayuda a todos los que transitan por esa carretera.

Mencionó que todos los ejidos involucrados entablaron pláticas con el estado para poder salir avante; al final de cuentas, la rúa pasa por sus propiedades.

En cuanto a que, si los ejidos pudieran acceder a un porcentaje de la cuota por transitar por la carrera, dijo que esto sería cuestión de los involucrados.

“Creo que el costo de la carretera, es para mantenimiento de la misma, eso lo tendrían que decir los ejidos directamente, porque, al final de cuentas, todos tienen un beneficio”.

Otros casos

Cabe señalar que también, hay otros casos similares en otros estados, por ejemplo, en Baja california, ya que, los terrenos en donde está asentado el aeropuerto de Tijuana, son ejidales, lo mismo los terrenos en donde se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California (en Mexicali) y el gobierno del estado no ha pagado por ellos.

Dijo que se trata de casos muy viejos (data de los años sesenta), pero, a estas alturas, es más el perjuicio que causarían si los desalojan, que el beneficio que pudiera llevar a los ejidos.

“Por lo regular, cuando ocurren este tipo de casos, lo que quieren los ejidos es que los indemnicen”