Las operaciones simuladas a través de venta de facturas es una práctica común en el ambiente empresarial misma que es muy difícil de rastrear, el endurecimiento de las penalidades no evitará que ocurra, opinó el contador público Raúl Fuentes Ovando, asesor financiero.
Vio en el recrudecimiento de las penalidades una salida demagógica al problema de la evasión fiscal, que solo afecta a los empresarios y comerciantes más pequeños, mientras que las transnacionales mantienen sus paraísos fiscales en el extranjero, lo que les ayuda a evadir impuestos.
Cabe señalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue facultado para sancionar con cárcel la venta de facturas, gracias a que el Congreso de la Unión modificó el Código Fiscal para para sancionar de forma severa dicha práctica.
La reforma modifica la fracción III del artículo 113 de Código Fiscal y adiciona un 113 bis donde se estipuló que se impondrán sanciones de tres meses a seis años de cárcel a quienes adquieran los comprobantes fiscales que amparen “operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
También se aplicarán penas de tres a seis años de prisión a quienes vendan y expidan las facturas falsas, antes no era un delito grave.
Raúl Fuentes explicó que las empresas transnacionales cuentan con abogados, fiscalistas, contadores y todo el equipo para poder “disfrazar” sus actividades, sin pagar impuestos, por consecuencia los cambios al Código Fiscal no les afectará.
“No cuenta el SAT con suficiente personal y recursos para comprobar que una factura ampara una operación simulada, cómo saber si realmente una empresa entregó una factura falsa por servicios de mercadotecnia cuando se encuentra en Estados Unidos, dudo mucho que a los funcionarios les autoricen recursos para ir hasta el vecino país a verificar, las grandes empresas tienen capacidad para evitar estas reglas”, explico.
Lamentó que dichos cambios impactaran a los pequeños contribuyentes que no tienen para pagar despachos contables que los asesoren.
LO MÁS DÉBIL
Fuentes consideró que el Gobierno implementa acciones recaudatorias sobre lo más débil del padrón de contribuyentes, “quiere sacar el gasto operativo de los pequeños contribuyentes, es injusto”.