Posterior a su “campamento”, organizado y erigido durante la mañana del pasado 7 de febrero en Chiapas, en el rancho propiedad de Andrés Manuel López Obrador, ex braceros dieron fin a su huelga de hambre, ya que lograron recibir la atención requerida por parte del Gobierno Federal, lo que podría ser el inicio de una investigación acerca del fondo de ahorro perdido del 10% de más de 2 millones 500 mil trabajadores que fueron enviados a campos de cultivo estadounidenses, entre los años de 1942 y 1964.
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Así lo informó J. Ventura Gutiérrez, líder binacional de ex braceros y de la Alianza Braceroproa, en representación de los más de 30 mil retirados con hojas de pago pendientes, emitidas en el 2005, derivadas del fideicomiso aprobado en el gobierno de Vicente Fox para el apoyo social a 200 mil de éstos de un monto de 38 mil pesos solamente.
“Hoy, los ex trabajadores migratorios mexicanos de los años de 1942 al 1964 acordaron iniciar una serie de reuniones con diferentes dependencias del gobierno federal; el más importante de estos encuentros se llevará a cabo el miércoles, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, declaró el coordinador de la lucha.
ESPERAN REUNIÓN CON AMLO
Al terminar dichas reuniones de trabajo, Ventura Gutiérrez declaró que se espera que la Alianza Braceroproa presente y haga entrega de su pliego petitorio, al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la región chontal del estado de Tabasco, en un evento programado para la mañana del próximo 15 de febrero.
Cabe destacar que fueron alrededor de 100 personas, entre ex braceros y familiares, quienes participaron en la manifestación pacífica que arrancó desde la Unidad Deportiva de Palenque, Chiapas, hasta la quinta “La Chingada”, inmueble del Ejecutivo.
Dicho evento, como cúspide de una serie de recorridos del coordinador de la protesta por varios estados de la República donde existen aún grupos activos de exbraceros, en los cuales se recolectaron firmas para hacer un recuento de quienes se unirían a la lucha para exigir al gobierno un pago digno, que en total ascendería hasta 1 mil 450 millones de pesos.