Que haga valer su autonomía es lo que pide el diputado de Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lukas Hopkins a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), con respecto a algunos temas que involucran la situación política y de seguridad del municipio de San Luis Río Colorado.
El diputado dijo que la bancada naranja dio su voto de confianza al gobernador del Estado Alfonso Durazo al momento del cambio de fiscal general del estado, por lo que entró en funciones Gustavo Rómulo Salas Chávez, de quien espera que se tome cartas en los asuntos de dicho municipio.
Dijo que lo principal en lo que los diputados naranjas buscan que el fiscal se enfoque en este municipio, es en la limpia de la corporación policiaca municipal y en investigar los probables delitos del alcalde Santos González Yescas, los cuales dijo son confesos.
En cuanto a los hechos que sucedieron el pasado domingo, donde resultó un comunicador sin vida en un ataque a cuatro policías donde también uno de ellos falleció, el diputado lamentó que ningún funcionario estatal o de primera mano del Ayuntamiento se haya solidarizado con la familia por lo menos del periodista quien fue baleado de manera colateral.
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“Absolutamente nadie se ha solidarizado para darle el pésame a la familia del compañero de ustedes de los medios de comunicación”.
Dijo que el primer compromiso que tiene que hacer por parte del gobierno y de las fiscalías, es salvaguardar la Libertad de Expresión, pero que en este caso, pasó a segundo término.
“Para el caso concreto de San Luis, terminó siendo tristemente el segundo asunto de importancia y no algo que se estuviera intentado resolver o por lo menos comprometiéndose a que no quede impune”.
En cuanto a la responsabilidad de la situación de inseguridad que se vive en el municipio, dijo que es totalmente del alcalde y que en caso de necesitar un cambio de mandos en la corporación municipal sí puede intervenir la Secretaría de Seguridad Pública, la FGJE y en su caso el Congreso del Estado.
“Lo primero que vemos es al alcalde exigiendo al encargado de impartir justicia en el Estado que ponga orden y luego al gobernador, pero lo que vemos es complicidad con el Gobierno del Estado al permitirle que siga ejerciendo ingobernabilidad”.