A pesar de haber sido una obra que despertó movilizaciones en la ciudad de Mexicali, Baja California, y a sabiendas que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría allá durante la tarde de hoy 28 de marzo, grupos de ciudadanos cachanillas, asociaciones y manifestantes como Resistencia Cívica Pacífica, el Comité Ciudadano Defensor del Agua y “Ni un paso atrás” se sembraron en las inmediaciones de la caseta de cobro del puente Río Colorado para darle las gracias por haber atendido a la consulta de cancelar dicho proyecto.
Integrantes del grupo de resistencia civil "Ni un paso atrás" de Mexicali, agradecieron al presidente el haberlos escuchado al ordenar que se hiciera la consulta que obligó a la empresa Constellation Brands a retirarse de Baja California.
Filiberto Sánchez, representante del movimiento, dijo que fue un logro del pueblo y una victoria sobre el poder económico y político el hacer que la cervecera se fuera.
“Venimos de Mexicali para dar las gracias, porque López Obrador nos respetó la decisión de la ciudadanía, ahora que el sábado pasado se hizo la consulta popular, él nos respondió como esperábamos, después de tres años de lucha por la defensa del agua de Mexicali y San Luis Río Colorado, también hay mucha gente de aquí que nos ha apoyado”, dijo Sánchez.
A su vez, mencionó que "el presidente nos escuchó y ya lo hicimos saber en la consulta, queremos agradecerle el que nos haya ayudado a nuestra lucha por el agua (…) Finalmente, después de esos años de una lucha contra un monstruo que pensábamos que estaba difícil vencer por intereses económicos, del de los empresarios y del gobierno del estado encabezado por Jaime Bonilla y su gente, así como otros medios de comunicación tradicionales, pues no nos daban espacio a nosotros, y era lucha difícil pero no imposible”.
IMPACTO ECONÓMICO
No obstante, en información para LA VOZ DE LA FRONTERA del pasado 23 de marzo, Enrique Rovirosa Miramontes, ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, expresó tras la resolución del gobierno federal que dicho “retroceso” costaría al menos 3 mil 500 millones de dólares, así como una imagen internacional en la que se percibiría a México como un país donde las inversiones extranjeras peligran.
“Decidieron que la empresa cervecera no opere en la capital del estado a pesar de que ya se habían invertido 900 millones de dólares. (…) Con esto, el gobierno mexicano ha demostrado que puede actuar de manera autoritaria a través de una consulta ilegal, en contra de una empresa internacional, violando el estado de derecho, es entonces que cabe preguntar, ¿qué puede esperar un ciudadano?”, declaró para la casa editorial hermana en dicha ciudad.