/ viernes 25 de diciembre de 2020

Las líneas claras entre la calumnia y la libertad de expresión ya están en las leyes

En días recientes se emitieron medidas cautelares por parte de la autoridad electoral local, a partir de las denuncias que interpuse ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género hacia mi persona. Asimismo, interpuse otra denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, de la cual se esperan las correspondientes medidas cautelares.

Esta ley vigente para proteger la participación de las mujeres en el ámbito político, libres de violencia, fue impulsada y dictaminada desde la Comisión de Igualdad de Género que presido, en conjunto con la sociedad civil. Conozco la legislación y vimos en ella un instrumento imprescindible junto con la ley de Paridad en Todo. Al impulsar la paridad en las candidaturas, previmos en contraparte una violencia política con toda la saña y fuerza, como una forma de atemorizar y retractar la participación política de las mujeres.

No es sencillo para nadie, mucho menos para una mujer en política que se concentra en su trabajo legislativo y de gestión en su Distrito, tener que hacer frente además a una andanada de violencia, y todavía tener que promover las denuncias correspondientes. Pero mi propia conciencia de mujer comprometida con esta causa ha hecho que sea ineludible hacerlo.

Estos actos de violencia han sido consistentes desde 2019 y de todos ellos presenté y documenté con evidencias ante las instancias mencionadas. Primero, en 2019, fue la distribución directa en viviendas de Hermosillo de volantes apócrifos tergiversando la agenda de derechos por las mujeres, hechos por los cuales presenté denuncia ante la Fiscalía General de Sonora. Posteriormente, a principios de este año, se orquestó una campaña al unísono con acusaciones, sin evidencias, de que una servidora había dirigido y provocado la irrupción, pintas y quemas de jóvenes manifestantes en la Catedral de Hermosillo y del Poder Judicial de Sonora. Otro de los hechos señalados son los ataques mencionando que defiendo una “agenda de la muerte”, los cuales fueron elaborados bajo una estrategia con la participación de granjas de bots, de lo cual también presentamos pruebas. De la misma manera, la denuncia documentó la persecución, marcaje, vigilancia fuera de mi domicilio, a lugares a los que acudo y en tráfico hacia mi persona y mi entorno profesional y afectivo.

Yo no quiero que más mujeres pasen por esto. Se tienen que sentar precedentes, nadie tiene por qué estar violentándonos, descalificándonos, buscando amedrentarnos por participar en la vida pública y en su caso, por plantear propuestas legislativas que impactan positivamente en la vida de las mujeres y niñas de nuestro país, aunque haya a quien eso pueda incomodarle, por razones que no entiendo, más que desde su intolerancia, cerrazón, o interés económico en ello, es decir que alguien más se lo ordene pago de por medio.

Aclaro que las denuncias son hacia autores con nombres y apellidos, no hacía medios. La mención de medios es parte del material probatorio de los hechos que se consignan en la denuncia. Es el caso de El Sol de Hermosillo, cuya nota objetiva, ética, profesional, de gran valor periodístico sobre las manifestaciones contra los feminicidios a principios de este año, da contexto sobre los acontecimientos, en contraste, cuatro días después ante este hecho algunos columnistas de portales lanzaron al unísono la acusación sin fundamento de que yo era responsable de la quema y pintas en recintos públicos.

Como El Sol de Hermosillo hay muchos otros medios en Sonora que se conducen con ética, profesionalismo y desde un ejercicio crítico del periodismo.

Los medios de comunicación, periodistas y ciudadanía no deben preocuparse por una presunta violación a la libertad de expresión, que es como han querido lavarle la cara, algunos, a los actos de violencia política en razón de género que han generado contra mi persona. Son las autoridades electorales y el Ministerio Público, las instancias pertinentes y bajo la estricta aplicación de ley, quienes están actuando ante mi denuncia, y han emitido las medidas cautelares mencionadas, debido a que se ha demostrado con pruebas contundentes los actos violentos que han venido realizando las personas denunciadas.

Las leyes diferencian entre el periodismo objetivo y el golpeteo sin evidencias; la libertad de expresión y las calumnias; la crítica seria y la violencia política en razón de género. Quien ejerce el periodismo, sabe y conoce estas diferencias y las hace parte de su ejercicio profesional diario, siendo características con las que no cuentan los columnistas denunciados.

Mi llamado es a que se investigue, que se aplique y se cumpla la ley. Yo ya he hecho lo propio y seré respetuosa en todo momento del debido proceso, y respetaré los derechos de los denunciados siempre, aunque ellos no hayan respetado los míos, y sigan sin respetarlos.

Busquemos desde nuestros espacios un 2021 con una participación política libre de violencias. Mi convicción está en ello. Seguiré respaldando a niñas y mujeres de Sonora y de todo México. Ha sido mi tarea fundamental.

Vamos más allá de los obstáculos, sigamos bregando incluso contra estos, siempre derribando muros para no normalizar las violencias, aunque eso resulte incómodo para algunas personas.

Les deseo el mejor cierre del 2020, cuidándonos entre todos y todas. Esta Navidad es clave para poder seguir celebrando otras fiestas decembrinas en el futuro.