En marzo del año pasado, el joven Nathan Karim atropelló a una familia en la capital Hermosillo, dándose a la fuga y abandonando a los lesionados de gravedad.

La Fiscalía de Sonora rápidamente inició las investigaciones, identificó al responsable, el automóvil propiedad de su mamá, pero el joven ya había huido a los Estados Unidos (ubicado posteriormente y detenido en Tucson).

Al identificarse a Nathan Karim, se relevó que su mamá era empleada del Gobierno del Estado, las exigencias de justicia por parte de los hermosillenses orillaron al gobernador Alfonso Durazo a salir a declarar que no habría ningún trato privilegiado.

Tan fue así, que a los días la señora y su esposo fueron detenidos, acusados de complicidad al confirmarse que habían ayudado a su hijo a huir a Tucson.

Por la presión social, el gobernador se vio obligado a actuar rápidamente en este caso y aplicar la ley.

Una situación diferente ha sucedido en San Luis Río Colorado con el caso Beer House, ya ha pasado más de un año y ningún responsable por omisión ha sido presentado ante la justicia, incluso jamás presentaron renuncia ni se separaron del cargo “mientras se realizan las investigaciones”.

Largas investigaciones que no han llevado a nada y hasta pareciera que tanto el Gobernador Alfonso Durazo y el ex alcalde Santos González hicieron un pacto para que el caso quede en el olvido.

Funcionarios omisos y confesos durante aquella rueda de prensa donde los entonces directores de Desarrollo Urbano y el de Protección Civil aceptaron que el bar operaba de manera clandestina, sin permisos ni supervisión, o sea, no estaban ellos haciendo el trabajo para que el fueron contratados.

Pareciera que estas confesiones no han sido suficientes para que la Fiscalía estatal tome las decisiones que desde hace ya más de un año no ha querido asumir.

Si, más de un año y nadie sabe sobre esas investigaciones, sobre avances o resultados.

Por eso la duda ¿Por qué el gobernador Durazo no actuó rápidamente en el caso Beer House como en el sucedido en Hermosillo con la familia atropellada por Nathan Karim, que hasta la mamá (funcionaria estatal) terminó detenida?, pareciera que hay un pacto para proteger a los funcionarios omisos.

Ante estas maneras y formas, ya más de un año después de la tragedia del Beer House, todo parece que quedará impune, que las autoridades han apostado al olvido ante una sociedad aletargada, sanluisinos que no exigen y una comunidad que calla.

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