Recientemente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó una especie de calendario para las votaciones del 15 al 31 de agosto, con el fin de aprobar los dictámenes legislativos relativos a las iniciativas de reformas constitucionales y legales propuestas por el Presidente de la República hace unos meses, destacadamente, las relativas a la extinción de órganos autónomos y organismos reguladores del Estado.
En el oficialismo hay premura desmedida para que la nueva legislatura que iniciará el primero de septiembre, apruebe sin mayor deliberación y apenas iniciando su primer período ordinario, las reformas emblemáticas propuestas por el Ejecutivo en el epílogo de su mandato.
El oficialismo apuesta a que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocerán una sobrerrepresentación para la coalición gobernante, que le daría la mayoría calificada para aprobar cambios a la Constitución sin tener que negociar con la oposición. Y aunque los términos finales de la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión es un tema incierto, no puede ignorarse el riesgo de que el escenario previsto por el régimen se haga realidad.
Es bien sabido que el Presidente de la República, desde antes de iniciar su mandato, ha manifestado su aversión a los órganos constitucionalmente autónomos y los organismos reguladores. Esa autonomofobia está reflejada en las reformas que se buscarían aprobar para extinguir a varios de estos entes colegiados, especialmente a los que han significado límites al ímpetu autoritario del jefe del Ejecutivo.
Hasta donde se puede visualizar, hay tres argumentos que esgrime el oficialismo para eliminar estos organismos. El primero consiste en decir que ellos están aquejados de corrupción y que, por lo tanto, no es conveniente mantenerlos. Hay que decir que el gobierno no ha iniciado ninguna acción legal para enfrentar la supuesta corrupción sistémica que acusa existe en ellos. El segundo argumento de los detractores de dichas entidades, es que estos organismos son muy costosos y que existen otras prioridades más importantes para la salud del país. El argumento no se sostiene, pues como lo han mostrado mútiples expertos, con datos del propio gobierno, el gasto que conllevan estos cuerpos autónomos es diminuto cuando se les compara con los egresos generales del gobierno federal.
El tercer sofisma es de carácter eminentemente ideológico. Se objeta que estos organismos son parte del proyecto neoliberal, destinado a menguar la fortaleza del Estado y debilitar su capacidad de actuación.
Este último argumento es crucial, ya que aclara la intención última del régimen: la consolidación de un poder autocrático sin contrapesos, fiscalización, controles o límites.
Algunos de los órganos autónomos y organismos reguladores mencionados por la Comisión de Puntos Constitucionales como los primeros en desaparecer son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Sistema Nacional de Reforma Continúa de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta lista no es exhaustiva y la intención es liquidar otros organismos autónomos.
Lo que nutre esta pretención de exterminio es una nueva visión autoritaria, donde las atribuciones del Poder Ejecutivo se puedan ejercer de forma autocrática y voluntarista, sin controles ni limitaciones orgánicas en la propia estructura del Estado. La autonomofobia obradorista, de materializarse en cambios constitucionales regresivos es contraria e incompatible con un régimen constitucional, republicano, liberal y democrático, basado en la vigencia del estado de derecho.
