El concepto de un buen gobierno se ha convertido en un tema de gran relevancia en la agenda política y social de nuestro país. En esencia se refiere al ejercicio del poder y la autoridad de manera transparente, responsable, participativa e inclusiva, con el fin de promover el bienestar y el desarrollo sostenible de la sociedad.
Un buen gobierno se caracteriza por la rendición de cuentas y por no coartar la libertad de expresión de nadie, no amordazar a la prensa, ni amedrentar a las voces críticas. Implica también incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, la promoción de la justicia social y la equidad real en todo.
De suma relevancia es tener la capacidad para la gestión ante entes estatales y federales de proyectos necesarios para el desarrollo, muy importante también la promoción de la sostenibilidad ambiental, la prevención del delito desde el deporte y la cultura, la promoción turística, económica, la salud y bienestar de todo ser vivo que habita el territorio, así como la protección de los derechos humanos en todos los sentidos.
Un buen gobierno normaliza la ética y la moral entre sus funcionarios, fomenta una cultura de honestidad, respeta los mecanismos propios e independientes para prevenir y castigar la corrupción, alejados de la simulación mientras se respetan las leyes que rigen la vida pública, demostrando la vocación de servir a la comunidad, pues es sin duda un gran honor ser acreedor a puestos de confianza, ya que es la oportunidad perfecta para demostrar que independientemente del partido, el servidor público viene de una buena cuna.
En los últimos años en lo local hemos experimentado las consecuencias de tener un mal gobierno, es por esto que la población ha mostrado a viva voz, en las redes sociales y en las urnas su rechazo a este tipo de gobierno, pues no solo se ha abusado del poder y se ha actuado de manera deshonesta, también de manera cínica se le arrebató a San Luis la tranquilidad, la identidad, la institución de seguridad pública municipal, entre muchas otras cosas debido a la mala gestión.
El rechazo a un político corrupto es un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa y transparente, donde los líderes sean elegidos por su integridad y compromiso con el bien común, la participación en los procesos electorales es fundamental ya que obliga a quienes favorecen la opacidad a dejar de lado sus prácticas pues saben que la sociedad cobrará factura en caso de ejercer un mal gobierno.
¿Qué siga santos?
Sin duda la comunidad Sanluisina dejó muy claro este pasado 2 de junio que no desean que continúe gobernando santos Gonzalez Yescas ni sus funcionarios, algunos de los cuales por acción y otros por omisión, fueron cómplices en la corrupción y las acciones que tanto afectaron a nuestra comunidad y que nos hicieron ser noticia nacional e internacional por todo lo malo que hicieron a nuestro municipio.
Sin duda, el presidente de la República, tiene razón cuando dice que el pueblo está más politizado que nunca, lo notamos en los números que arrojaron las votaciones del 2018, 2021 y este 2024. En el 2018, el arrastre de la ola obradorista llevó al actual presidente municipal a ganar las elecciones, es importante aclarar que previamente lo había intentado múltiples ocasiones y había perdido con amplio margen, en el 2021 hubo una votación muchísimo más baja, pues el ciudadano evaluaba los resultados de su primera administración, pero no sería hasta este 2024, cuando, Inclusive aquellos que no acostumbraban votar lo hicieron con el propósito de asegurarse de qué no siguiera Santos.
Sin embargo, es importante informarle a la ciudadanía que, aunque físicamente los González no estarán al frente del gobierno municipal, su gente está sembrada en el cabildo, incluyendo parientes, socios, cómplices, como es el caso de Luis Lara, quien fue director de obras públicas por casi seis años, en una de las dependencias donde más corrupción se ha podido comprobar hasta ahora.
Si analizamos a cada uno de los regidores “morenistas” veremos que todos tienen lazos con Santos González Yescas y su hijo Alejandro González, quienes junto con el Secretario Hector Sandoval Gámez han sido los artífices de todo lo malo que le ha pasado a San Luis en los últimos años.
Está tan normalizada la corrupción en San Luis Río Colorado y son tantas las ganas de tener un gobierno honrado y eficaz, que muchos comentan sobre lo diferente que será el próximo 30 Ayuntamiento liderado por el ex director de Oomapas y hermano del actual secretario del Ayuntamiento, Iván Sandoval, lo cual desafía la lógica pues como hemos visto, se quedó con perfiles conocidos por corruptos algunos, otros nefastos y otros cómplices de los que “se van”.
Sin duda, dejando de lado el tema político pues al final del día al ciudadano lo que le interesa es tener un buen gobierno, podemos prever un escenario, si no igual si muy parecido al que tenemos ahora, puesto que el que peca en lo poco peca en lo mucho, y aunque el alcalde electo no cree que el nepotismo es corrupción, todos sabemos que sí lo es.
Para que exista coherencia en la función pública antes que nada se necesita saber en qué plataforma estás parado, pues quien pierde el rumbo pierde eventualmente la cabeza y como ya lo vimos recientemente también el favor del pueblo.
Por eso el buen gobierno debe ser la antítesis de la kakistocracia (una nueva palabra para quienes no la tenían en su vocabulario) y es que este interesante término de origen griego significa “Gobierno de los peores”, que describe a “un gobierno conformado por los peores perfiles, por los más corruptos, más incompetentes, los más ignorantes, cínicos y menos calificados”.
Vale la pena que quienes buscan administrar los bienes y la vida pública de nuestro municipio, conozcan lo que es la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene el objetivo de promover una cultura de austeridad y transparencia en la administración pública, sentar las bases para una gestión más eficiente y responsable, además de reducir los gastos innecesarios, superfluos y reducir los lujos en el gobierno, prohíbe el nepotismo y se establecen mecanismos para evitar la contratación de familiares, busca la transparencia en la contratación de obras y servicios, también promueve el uso eficiente de los recursos y garantizar la rendición de cuentas, entre otros puntos.
Los servidores públicos que violen esta ley pueden estar sujetos a sanciones como suspensión del empleo, sustitución, Inhabilitación temporal o permanente para ocupar cargos públicos y multas. La misma ley también establece que los actos de corrupción o irregularidades cometidos por servidores públicos, pueden ser investigados y sancionados por la Fiscalía General de la República.
Es de conocimiento general que los funcionarios que conformarán el próximo ayuntamiento son de extracción panista y a pesar de actuar de manera contradictoria al movimiento que dicen representar, no bastará con ser “afines” al gobierno en el poder para que se les excluya del cumplimiento de esta y otras leyes, tampoco los eximirá de las consecuencias legales que puede traer el caer en los actos de corrupción que han distinguido al actual gobierno, pues como ya lo mencioné, “los nuevos” son los mismos.
